Mientras sube el paro en toda España y los ciudadanos somos sometidos a recortes por todos lados : pensiones congeladas, funcionarios con el 5% menos de sueldo, reforma laboral y constitucional y últimamente los recortes sociales en educación, sanidad y servicios sociales, sobre todo en las Comunidades autónomas donde gobierna la derecha, nos llega el escándalo de los sueldos e indemnizaciones fabulosas de exdirectivos y directivos de las cajas quebradas.
Tres exdirectivos de Novacaixa Galicia se llevan en concepto de indemnización y coste del seguro, 23 millones de euros.
Cinco directivos de Caja Mediterráneo (CAM) se llevaron 13 millones en indemnizaciones al ser destituidos. Y la exdirectora general de la Caja, despedida por una gestión deficiente, recibió una retribución anual de 593040 euros más una renta vitalicia de 369.497 euros.
En Caja Madrid también 10 exdirectivos y directivos decidieron cobrar 25 millones de euros( luego fue anulado por el nuevo presidente de la entidad).
Los consejeros y directivos de Caja Castilla La Mancha (CCM) se duplicaron sus sueldos en tres años ( del 2004 al 2007).
Ya en 2003 el cura-presidente de Cajasur Miguel Castillejo se puso una póliza de jubilación de 2,9 millones. La Junta de Andalucía lo denunció aunque al final los tribunales dijeron que se ajustaba a derecho.
Y no hablamos de las altas retribuciones de directivos y consejeros de las entidades financieras no quebradas, que también sería para comentar...
Así no nos extraña que hayan subido las comisiones un 15% en cuentas y tarjetas en tan sólo los 9 primeros meses de este año, como ha denunciado FACUA recientemente.
Todo sale del bolsillo de los ciudadanos. ¿Hasta dónde nos van a seguir apretando las tuercas?
Alguien tendría que poner coto a tanto despropósito y a tanto desmadre.
El gobernador del Banco de España no debe ser una figura decorativa que deja hacer y que mira para otro lado mientras esto ocurre. No. Debe coger bien las riendas para que la situación no se desboque.
Las Comunidades autónomas, que tienen poder para supervisar el buen funcionamiento de las entidades financieras, igual.
Y si no lo hacen, mejor que dimitan.
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