Lo anunciaba la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía hace unos días: 2000 inmigrantes de la zona de la Bahía de Cádiz, Jerez y la comarca de la Janda, dejarán de recibir atención social y jurídica por el impago de 250000 euros por parte de las administraciones: ayuntamientos de la Bahía de Cádiz, Jerez y la Janda, Diputación y Junta de Andalucía.
Se les concedió desde 2007, pero nunca fueron satisfechas por lo que las personas empleadas para estos asuntos han tenido que ser despedidas.
Es triste que sean los más débiles de nuestra sociedad los que estén sufriendo las consecuencias de los recortes sociales.
250000 euros que seguro se despilfarran en gastos inútiles de esas mismas administraciones.
¿Cuándo llegará el día que los ciudadanos podamos decidir dónde queremos que se invierta nuestro dinero?
¿Para cuándo los presupuestos participativos que otros ayuntamientos de España llevan a cabo?
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