Recibo Nota de prensa de la Coordinadora andaluza en defensa del sistema público de pensiones con el ruego de difusión y como me parece un asunto de especial importancia, desde este modesto blog quiero colaborar difundiéndola.
Un cordial saludo: Juan
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Doscientas personas, integrantes y
simpatizantes de la Coordinadora Andaluza en Defensa del Sistema
Público de Pensiones, y la Marea Blanca, han formulado solicitud
de intervención al Defensor del Pueblo Andaluz, en relación con la
lamentable situación y problemática surgidas en residencias de
personas mayores de Andalucía. De forma complementaria, el escrito
es también una queja por la falta de información de la Dirección
General de Personas Mayores y Pensiones no Contributivas de la Junta
que no ha respondido a los escritos de 13 y 20 de abril que la
Coordinadora envió a la citada Dirección General, en los que se
solicitaba información sobre determinados aspectos del
funcionamiento, organización, atención y recursos sanitarios de
las residencias andaluzas.
En esta solicitud de intervención
del Defensor del Pueblo Andaluz, la Coordinadora alega que se
están dando de alta a personas de distintas residencias de
mayores, contagiadas por la covid-19, tanto en Andalucía como en
el resto del país. Muchas de ellas han fallecido y otras han tenido
que ser atendidas en centro de asistencia de la Sanidad Pública.
La Coordinadora considera que las
empresas privadas y de la Iglesia han seguido una praxis fundamentada
en “tesis liberalizadoras”, influidas por decisiones
políticamente equivocadas que han facilitado y promocionado
privatizaciones sin escrúpulos de residencias públicas, parcial o
totalmente gestionadas por la iniciativa privada. El organismo
representativo de los pensionistas andaluces afirma en su escrito
que ha realizado” investigaciones e indagaciones”, complementadas
con noticias e informes de medios de comunicación social como
Infolibre y otros.
El documento que da forma a la
solicitud hecha al Defensor, centra su atención en la empresa
privada DomusVi, cuyos propietarios no constan, pero que recibe una
importante cantidad de dinero de un fondo de inversión de capital
holandés y el aval de dos entidades muy ricas de Francia, que son
accionistas de Domusvi. Su potencial económico contrasta con la
intervención de cinco residencias en cuatro comunidades autónomas
y más de 150 residentes fallecidos en 8 centros de mayores.
Otros 8
ancianos fallecieron a primeros de abril en la residencia de Santa
Justa y 80 personas se infectaron por el virus, entre personal y
residentes, en la del barrio de Nervión de Sevilla, ambas
pertenecientes a la misma empresa. A estos datos hay que sumar la
información del sindicato CCOO que, a fecha de 7 de abril,
contabilizaba desgraciadamente 9, y no 8 fallecidos, y 29
traslados al hotel medicalizado de Alcora. Además, la empresa
acumula denuncias familiares por falta de información, escasez de
personal y de medidas de protección.
Los firmantes de la solicitud
exponen también la alta financiación pública de las residencias
de DomusVi, mediante la concertación de plazas o la gestión de
centros. De las 135 residencias, 74 ofrecen plazas concertadas y 8
de ellas se encuentran en Andalucía, donde la empresa cuenta con 13
centros públicos gestionados íntegramente como privados.
La Coordinadora Andaluza centra
también su atención en Vitalia, trama societaria, con tentáculos
económicos en Holanda, Luxemburgo y en la isla Jersey. Sus
ingresos son muy elevados, casi 165 millones de euros repartidos en
seis sociedades creadas en Jersey. Su cifra de negocio es también
impresionante, unos doscientos millones de euros. En Andalucía, su
implantación es de 19 centros de los 45 que dirige y administra
en España, con unos beneficios de 13, 2 millones de euros, tras
pagar unos cuatro millones en impuestos. Contrasta esta
impresionante capacidad económica de Vitalia, radicada en su mayor
parte en paraísos fiscales, con los 1.153 contagiados y 162
fallecidos en Andalucía, a 7 de abril.
No obstante estos datos, la Junta
de Andalucía informa de incidencias muy reducidas, por lo que la
Coordinadora ha acusado de oscurantismo al Gobierno Andaluz, ya que
a fecha de 4 de abril los fallecidos en las residencias de Sevilla
ascendían a 82 personas mayores y 247 con diagnóstico positivo,
solo en centros sanitarios ; por 672 positivos y 82 fallecidos
según información del consejero de Salud, que a fecha de 7 de
abril, no hizo constar las defunciones en esos centros sanitarios.
Finalmente, la Coordinadora Andaluza
apela ante el Defensor del Pueblo al principio de dignidad y a los
derechos de seguridad, asistencia a la salud en la Sanidad Pública
que asisten a nuestras personas mayores, fundamentados en la
Carta de los Derechos Humanos, la de los Derechos Fundamentales de la
U.E, la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía de
Andalucía y otros pactos culturales, económicos e internacionales,
como documentos conforme al Derecho, para que el Defensor del Pueblo
de Andalucía intervenga, acepte la queja formulada por la
Coordinadora Andaluza, Marea Blanca y firmantes de la solicitud , a
fin de que se investiguen todas las residencias de la Comunidad
Autónoma y se exija a los organismos competentes la depuración de
responsabilidades que se descubran en este proceso.
Petición que
se considera justa y conveniente ante la vergonzosa y nefasta
gestión de ciertas empresas en Andalucía, en la que a 23 de abril
se contabilizaba la trágica cifra de 391 fallecidos y 2119
contagiados por el coronavirus.
COORDINADORA
ANDALUZA EN DEFENSA DEL
SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES.
Francisca López
Fernández
Portavoz de la
Coordinadora Andaluza
629 30 29 65
José Sánchez Morcilo
Responsable de la
Comisión de Comunicación de la Coordinadora
645 69 62 29
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