Unas 60 personas nos concentramos ayer frente al solar de las Casitas Bajas, para exigir que el Ayuntamiento no venda, como pretende, este espacio público a una empresa privada.
Tuvimos que cortar el tráfico de la avenida de la Constitución, mientras se desarrollaba la asamblea, con la colaboración de la policía municipal.
Ahí deben construirse 83 viviendas sociales en régimen de alquiler. Incluso podría ser mayor el número de viviendas si el Ayuntamiento le compra el tercio del solar a una empresa dueña del mismo y todo el solar se destina a vivienda social, que tantísima falta hace en nuestra ciudad.
Rafa Lara estuvo explicando con todo detalle el enorme problema de vivienda que tenemos los gaditanos, para poder vivir en nuestra ciudad. Con unos precios de alquiler de 800 o más euros para familias con sueldos cortos, resulta imposible alquilar. Incluso los pisos de protección oficial para venta salen a unos precios absolutamente prohibitivos: 300.000 euros o más, prácticamente lo mismo que los de renta libre.
Fueron tomando la palabra representantes de diferentes colectivos que apoyaban la concentración: Facua, Sindicato de inquilinos, del barrio del Pópulo, de Izquierda Unida, de Justicia Social... Prácticamente todos incidían en lo mismo: es imposible encontrar piso en Cádiz ni en venta ni en alquiler. Los que pueden hacerlo son personas o entidades con alto poder adquisitivo. Pero el 90% de los gaditanos se ve obligado a irse fuera de la ciudad o bien son desahuciados por no poder pagar el alquiler... y se ven en la calle.
Este fue el caso de la compañera que intentó hablar, pero apenas podía por la emoción. Se ve en la calle el próximo día 26 y ha decidido ponerse en huelga de hambre en las puertas de Procasa.
Se pidió apoyo para acompañarla los que pudieran.
Está desesperada y es miembro de familia numerosa...Fue el caso también de Tamara, que se ha visto viviendo en un albergue con sus dos hijas menores...y es el caso de tantos y tantas que seguramente desconocemos...
Se insistió que este Ayuntamiento, que presume de cumplir las leyes y de ser muy social, no cumple el acuerdo que hizo el equipo de gobierno anterior con Procasa para que ninguna persona vulnerable tuviera que ser desahuciada. Ni cumplen con la ley del Gobierno 1/2025 que expresamente prohíbe desahuciar a personas vulnerables, más aún si tienen menores a su cargo.
Creo que el Ayuntamiento debe escuchar las quejas y reivindicaciones de todos estos colectivos que llevan mucho tiempo luchando por intentar solucionar o al menos aliviar el problema de la vivienda.
Se terminó leyendo entre tres compañeras un Comunicado que fue largamente aplaudido por todos.
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