Estimados compañeros/as: Me llega este amplio e importante Comunicado de las secciones sindicales de A.O y C.G.T del Hospital Puerta del Mar de Cádiz. Aunque sea un poco largo, creo que merece la pena leerlo íntegro para saber cómo se está deteriorando la situación de la sanidad.
Un cordial saludo: Juan
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Desde las Secciones Sindicales de Autonomía Obrera y CGT del Hospital Puerta del Mar
queremos denunciar públicamente el deplorable y hasta inhumano trato que, en
materia de atención sanitaria y derecho a la salud, vienen sufriendo a diario miles y
miles de gaditanos/as que, cuando precisan ser atendidos como pacientes en cualquier
centro del S.A.S., se ven obligados a:
Tener que soportar listas de espera interminables, ya sea en los Centros de Salud
(donde una cita puede llegar a demorarse varias semanas) o en los hospitales y
centros de especialidades (donde hay listas de espera, como sucede con trauma o
la unidad del dolor, que llegan a superar el año).
Aguantar colas en plena calle para poder acceder a los centros sanitarios.
Ver rechazada sistemáticamente las peticiones de ser atendidos en consulta y por
el médico/a de cabecera que tienen asignados.
No poder acceder con sus familiares a consulta.
Sufrir severas restricciones para acompañar a familiares hospitalizados, que hacen
impracticable muchas veces el acompañamiento efectivo (se autoriza 1 familiar por
paciente que se puede intercambiar solamente con otro familiar durante todo el
ingreso).
Etc., etc., etc.
En suma, una interminable relación de agresiones al derecho que todas/os tenemos a
una atención sanitaria digna, rápida y eficaz que ha sido sacrificado por completo con
la excusa de luchar contra la covid 19, pero cuyas verdaderas causas, objetivos,
responsables y efectos son, a nuestro juicio, los que a continuación señalamos.
SOBRE LA CAUSA DIRECTA DE LA SITUACIÓN:
La causa directa de este verdadero ataque masivo y sin precedentes a los derechos en
materia de salud de todos los ciudadanos/as reside en el vergonzoso modelo de
atención sanitaria implantado a la fuerza por el actual gobierno de la Junta de
Andalucía, con la connivencia de los sectores más reaccionarios y corporativos de los
colectivos profesionales, y cuyas principales características son, a nuestro juicio, las
que siguen:
1. En primer lugar, el alejamiento masivo de los ciudadanos/as de los centros
sanitarios, que (a pesar de la generalización de las vacunas) se han “bunquerizado”
ante los usuarios, como si éstos fueran un peligroso foco de contagio (¿?).
Contra
toda lógica científica y experiencia práctica, sigue manteniéndose la absurda idea
de que el mayor riesgo para los trabajadores/as de la salud (y los pacientes más
vulnerables) reside en “el exterior de los centros”, cuando lo cierto es que (salvo al
principio de la pandemia) el origen de la inmensa mayoría de los contagios sufridos
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por el personal del SAS hemos sido nosotros mismos y que en la actualidad,
además, un adecuado sistema de ventilación y el uso permanente y correcto de
mascarillas apropiadas permiten compatibilizar sin problemas la necesaria
protección de los pacientes más débiles con la presencia común de los usuarios/as
en los centros sanitarios.
2. En segundo lugar, las implantación forzosa y persistente de las consultas
telefónicas, que se han generalizado de forma masiva tanto en atención primaria,
como en especializada, vulnerando así los principios más básicos de una correcta
práctica sanitaria.
Como consecuencia de ello, asistimos hoy a un escenario en el
que la gran mayoría de los diagnósticos y tratamientos que se establecen han sido
realizados sin ver, ni explorar a los pacientes de forma directa, lo cual resulta,
desde nuestro punto de vista, una absoluta aberración que está teniendo, además,
implicaciones gravísimas sobre la salud de la población, ya que, con la falsa excusa
de proteger a profesionales y pacientes de la covid 19, se está posibilitando, en
nuestra opinión, la comisión de diagnósticos erróneos y que muchas enfermedades
graves permanezcan, por ello, sin detectar, llevándose por delante la salud (y hasta
es posible que la vida) de muchos pacientes.
3. Y, en tercer lugar, la infrautilización de los recursos públicos disponibles, tanto en
materia de instalaciones y dispositivos, como en lo tocante a los recursos humanos
del sistema.
Nunca, absolutamente nunca le ha importado tan poco a los
responsables de nuestro sistema sanitario lo que se hace o no se hace, cuánto se
hace o cómo se hace. La medición y valoración de los resultados (que en otro
tiempo constituían la piedra angular del modelo de gestión) son algo que hoy ya no
le importa nada a ningún gestor, lo que ha dado lugar, en muchos centros, a un
apreciable descenso de la actividad y los rendimientos de las unidades. Ésta, y no
un aumento incierto de la demanda, es, a nuestro juicio, la principal causa hoy día
del vergonzoso incremento que se está sufriendo en los plazos de demora para ser
atendido, tanto en los Centros de Salud, como en hospitales y centros periféricos.
SOBRE LA FINALIDAD DE ESTA ESTRATEGIA:
La finalidad básica de esta inaceptable estrategia de gestión (que tanto daño y
sufrimiento genera en la ciudadanía) resulta evidente: deteriorar y destrozar el sistema
sanitario público a fin de que así, por un lado, nuestros políticos tengan la excusa
perfecta para derivar la prestación de atención sanitaria al sector privado, mientras
que, por otro, los usuarios, hartos de esperar, se vean obligados (los que puedan) a
recurrir a los seguros y servicios privados para resolver sus problemas de salud.
Durante los dos últimos años, el aumento de las derivaciones y conciertos con el sector
privado ha sido brutal y seguirá creciendo de forma exponencial en los próximos
meses y años, si no logramos contenerlo. Frente a los centros sanitarios públicos, semivacíos y a medio gas, crecen por doquier (y muchas veces a pocos metros de
aquellos) las consultas y pequeños hospitales privados que se forran a costa del
deterioro del sector púbico y donde los/las profesionales que atienden a los pacientes
de forma rápida y presencial resultan ser, en muchos casos, los mismos que en el
sistema público lo hacen tan sólo por teléfono o tardan meses y meses en verlos en
consulta.
Por algo una de las primeras medidas que adoptó el PP cuando llegó al
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gobierno de la Junta fue suprimir el complemento de exclusividad del personal médico, a fin de que, así, todos cuantos quisieran pudieran trabajar en la privada sin merma
alguna de su salario en el sector público.
Pero, además de esa clara finalidad privatizadora, bajo la estrategia descrita en el
punto anterior se esconde también la oculta pretensión de una gran parte del
corporativismo profesional de recuperar (aunque nunca dejó de existir plenamente)
aquel viejo modelo de atención sanitaria propio de los años sesenta y setenta
caracterizado por el papel dominante del profesional, que, dotado de un poder cuasi
omnímodo, hacía y deshacía sobre los pacientes, relegados, éstos, a un papel de
sumisión.
Con la excusa de la covid 19, han saltado por los aires todos los derechos que
se han ido ganando y afianzando para la ciudadanía durante los últimos decenios en
materia de atención sanitaria, y han pasado a ocupar su lugar repentinos “protocolos
anticovid” de los más variados contenidos (ideados unas veces por los gerentes de los
centros, otras por los jefes de unidades y en no pocas ocasiones, incluso, por el mero
capricho de cualquier profesional), que se imponen a los usuarios/as del sistema como
si de incuestionables “bandos de guerra” se tratase. Se pretende, en suma, sustituir un
modelo en el que profesionales y usuarios se encontraban igualados en derechos por
otro donde solamente preponderen no ya los derechos, sino el poder absoluto del
profesional sanitario sobre todos los aspectos de la prestación de servicios.
SOBRE LOS RESPONSABLES DE ESTA LAMENTABLE ESTRATEGIA:
Como ya hemos apuntado en líneas precedentes, los grandes causantes de esta
fatídica estrategia sanitaria son, en primer lugar y a nuestro juicio, los propios
responsables políticos que sufrimos, que son quienes la diseñan e imponen su
ejecución, y quienes, también, permiten y hacen la vista gorda ante la creciente
arbitrariedad de las medidas y actuaciones unilaterales que se emprenden a todos los
niveles del sistema.
Pero, además de ellos, también son responsables, como ya hemos dicho, los sectores
más reaccionarios y corporativos de los colectivos profesionales, que han encontrado
en la crisis de la covid 19 la excusa perfecta para promover e implantar ese modelo de
atención sanitaria con el que siempre han soñado y que ya hemos descrito
brevemente en el apartado segundo de esta nota: un modelo caracterizado por el
alejamiento del paciente (y del familiar, al que se considera innecesario y hasta
inconveniente a veces), la plena sumisión del usuario al poder decisorio del
profesional, y la relajación sensible de las obligaciones laborales
SOBRE LOS EFECTOS DE ESTA CATASTRÓFICA GESTIÓN:
Los principales efectos, a nuestro juicio, de esta catastrófica estrategia de atención
sanitaria van a ser (ya lo están siendo) los que siguen:
Por un lado, y como ya se está viendo y sufriendo, miles de ciudadanos/as implorando
a diario asistencia a las puertas de unos centros sanitarios, donde todo, o casi todo,
resultan ser impedimentos para ser recibidos; en definitiva, todos esos problemas que
ya hemos enumerado brevemente al principio y que son, sin duda, los más palpables e
inmediatos: demoras inexcusables, colas interminables, expulsión de los centros, etc.
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Por otro lado, y aun siendo ya inaceptables esos efectos, las consecuencias más crueles
y dramáticas van a tener lugar, sin duda, en el terreno de la salud de la población.
Si
lamentable es tener que esperar semanas (en primaria) o meses (en la especializada)
para recibir una cita y ser atendido al final telefónicamente, más pernicioso aún resulta
el efecto directo que todo ello puede tener sobre la salud del abandonado paciente,
cuya patología se agrava sin recibir tratamiento durante todo el tiempo que se demora
la cita, o puede llegar, incluso, a no ser diagnosticada, ni tratada a causa de las
deficientes conclusiones alcanzadas tras una mera “valoración telefónica”. Sin ninguna
duda, el mayor efecto que, a nuestro juicio, provocará (ya lo está haciendo) el
demoledor modelo de atención sanitaria implantado por la Junta va a ser un deterioro
apreciable de los niveles de salud de la población y hasta es posible que un aumento
de la mortalidad evitable, esto es, aquella que podría no haberse producido con un
modelo de atención sanitaria más rápido, eficiente y, por supuesto, presencial.
Por último, y como resultado final y previsible de ese bloqueo que sufren los recursos
de atención sanitaria programada, estamos asistiendo de forma creciente (y de nuevo
después de mucho tiempo) a la saturación de los servicios de urgencias de atención
primaria y hospitales (especialmente estos últimos). Esquilmado su derecho a ser
atendidos mediante una cita presencial y rápida, y empujados por el inevitable
empeoramiento de los síntomas, los pacientes están viéndose obligados (cada vez en
mayor medida) a acudir a los servicios de urgencias para recibir un tratamiento que no
pueden seguir esperando.
Después de mucho tiempo con reducidos niveles de
demanda como consecuencia, principalmente, de ese (injustificado) miedo de algunos
pacientes a visitar un hospital, los servicios de urgencias han vuelto a retomar en los
últimos meses las imágenes de saturación que siempre los han caracterizado, con
decenas de pacientes esperando para ser atendidos y, por cierto, agolpados en una
misma sala durante horas, con escasa ventilación y apenas distancia; en las urgencias,
la masificación parece importar bien poco a nuestros gestores, acreditando así la falta
de interés real por la protección anticovid que se esconde tras el exceso de rigor que
se vive en el resto de las dependencias hospitalarias.
SOBRE LA RESPUESTA NECESARIA:
Frente a todo este intolerable escenario, el grado de crispación entre la población ha
ido en aumento, lo que se ha traducido de forma casi inevitable en un incremento de
las tensiones y los enfrentamientos en las puertas y las consultas de los centros
sanitarios. Se trata, sin duda, de una reacción primigenia, frente a la que los sectores
más corporativos suelen responder tan sólo con exigencias de condenas y mayor rigor
con los usuarios, cerrando los ojos por completo a esa otra violencia asistencial (con
serias repercusiones en la salud en numerosas ocasiones) que muchos ciudadanos/as
sufren cuando sistemáticamente se les niega la atención sanitaria a la que tienen
derecho y de la que depende directamente su salud o la de sus familiares más
cercanos (hijos, padres ancianos, etc.).
Pero, aun poniéndonos en la piel del usuario, no cabe duda de que esa forma de
exteriorizar el malestar padecido no sólo resulta improcedente, injusta y repudiable
(sea quien sea el trabajador/a de sanidad que la sufra), sino que, además, no resuelve
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la situación del ciudadano/a que así reacciona (más bien, la agrava), ni contribuye
tampoco en lo más mínimo a resolver los graves problemas generales que se sufren.
Como sucede con cualquier agresión institucional a los derechos colectivos, la única
forma coherente y eficaz de responder que tenemos la ciudadanía es la movilización, la
lucha social programada, solidaria y persistente hasta conseguir la devolución plena de
los derechos en materia de salud y atención sanitaria que nos están robando.
Podemos
quejarnos interminablemente en nuestros domicilios, en el trabajo o con nuestros
amigos/as de los numerosos problemas asistenciales que a diario sufrimos miles y
miles de ciudadanos/as, pero nada conseguiremos resolver, si no logramos trasladar
esa protesta a la calle, coordinándonos con todas las víctimas de esa violencia
institucional con la que persiguen arrebatarnos nuestro derecho a una sanidad pública,
digna y eficaz. Si antes de la aparición de la covid 19 las manifestaciones en defensa de
la sanidad pública eran habituales, hoy resultan sin duda absolutamente
imprescindibles y urgentes, y en ellas debemos participar de forma masiva todos los
ciudadanos/as.
Hay que salir a la calle y rodear todos los centros y administraciones
sanitarias para recordar a la Junta que los ciudadanos/as somos titulares de derechos,
que nuestra salud es un bien protegido por la Constitución y que no estamos
dispuestos a sufrir, ni a morir lentamente esperando ser atendidos. La movilización
ciudadana no debe parar hasta lograr el carácter presencial de las consultas en todos
los niveles, así como la reducción inmediata y drástica de los tiempos de demora
mediante el aprovechamiento intensivo y eficiente de todos los recursos públicos.
En Cádiz, a quince de septiembre de dos mil veintiuno.
SECCIONES SINDICALES DE AUTONOMÍA OBRERA Y CGT
DEL HOSPITAL PUERTA DEL MAR (CÁDIZ)
