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| Foto: La Voz del Sur |
El obispado de Cádiz, de nuevo condenado por sentencia del juzgado de lo social nº 2 de Cádiz.
Así lo explica la Plataforma Iniciativa Galilea:
"El juzgado de lo Social número 2 de Cádiz ha dictado sentencia favorable a Carmen Guerrero tras el juicio celebrado el pasado día 19 de junio de 2019. En su sentencia, el juez reconoce la relación laboral entre Carmen y el Obispado de Cádiz y Ceuta, por la labor que desarrolla la trabajadora en la portería del antiguo convento de las Capuchinas ubicado en San Fernando.
La sentencia condena al Obispado a indemnizar a Carmen Guerrero con una cuantía de 6.977,18 € en concepto de salarios dejados de percibir desde el 24 de enero de 2017, fecha en que las monjas se ven obligadas a trasladarse al convento de la misma orden que se encuentra en El Puerto de Santa María.
Carmen Guerrero y su marido, Ildefonso Portillo, viven en las instalaciones del Convento de las Capuchinas de San Fernando desde 1975, año en que ambos entran al servicio de la orden, él como encargado de diversas labores de mantenimiento del convento y ella como encargada de la portería, limpieza, etc.
Mientras la situación laboral de Ildefonso queda regularizada mediante el correspondiente contrato laboral y su alta en seguridad social, Carmen trabaja sin estar amparada legalmente. A cambio de su trabajo recibe como pago en especie el disfrute de una vivienda en las instalaciones conventuales, así como los gastos correspondientes de luz y agua. El compromiso de la superiora del convento fue que ellos permanecerían en la vivienda de por vida.
Llegados los primeros días el año 2017, las monjas que quedaban en el convento son trasladadas a El Puerto de Santa María por orden generada desde el Obispado de Cádiz y Ceuta. En ese momento Ildefonso ya se había jubilado, pero Carmen continúa realizando sus labores habituales en las instalaciones, siendo esta situación conocida y permitida por el Obispado.
El Obispado, titular del inmueble mantiene la actividad de limpieza y portería que viene desarrollando Carmen Guerrero. Esta es la situación reconocida en la sentencia del juicio, determinando una relación laboral entre Carmen y el Obispado.
El procedimiento de desahucio iniciado por el Obispado en octubre de 2018, sigue a la espera de sentencia por parte de la jueza del juzgado civil encargado de esta causa. Entre tanto, Carmen e Ildefonso continúan viviendo en el convento, la única vivienda que han tenido en estos más de 40 años de servicio al convento.
Carmen tendrá que seguir luchando en otras instancias para que le sean reconocidos sus derechos laborales desde el momento en que ella comienza a trabajar de forma efectiva en el convento en 1975, ya que la sentencia dictada reconoce que Carmen trabajó por cuenta ajena desde entonces, aunque solo establece una relación empresarial con el Obispado desde enero de 2017."
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