El próximo miércoles el obispado de Cádiz y Ceuta se sentará otra vez en el banquillo para responder a la denuncia puesta por Carmen Guerrero, portera (junto a su marido Ildefonso Portillo) de las capuchinas de San Fernando.
Hace pocos días el obispado era obligado por el juez a readmitir a la trabajadora a la que despidió, después de llevar en su cargo más de 18 años y a pagarle los salarios de tramitación del tiempo que ha estado sin trabajar. Ya comentamos aquí este juicio: http://juancejudo.blogspot.com/2019/06/una-contundente-sentencia-condenatoria.html. Pésima imagen para la Iglesia diocesana que es fuertemente criticada en muchos ambientes.
Ahora declaran desahucio en breve tiempo a Ildefonso y Carmen.. Explica muy bien este caso el artículo publicado por Mª Auxiliadora Moreno Navarro en Religión Digital: https://www.religiondigital.org/espana/Cadiz-desahuciar-Capuchinas-San-Fernando-iglesia-Zornoza_0_2129787041.html. Ahí se muestra el documento donde se reconoce la relación laboral de ambos desde el 3 de Noviembre de 1975, sin remuneración, pero recibiendo a cambio el uso de la vivienda , el pago de la luz y el agua y alimentos. El documento está firmado por la abadesa del convento.
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| Foto: Religión Digital |
Después de la marcha de las capuchinas del convento hace unos dos años, el obispado de Cádiz envía en noviembre de 2018 un burofax por el que se le insta al matrimonio al abandono de su vivienda habitual donde han vivido toda la vida. Así de frío. Sin hablar con los interesados. Sin ofrecerle una alternativa habitacional, como hubiera sido lógico y razonable. Dejar a este matrimonio en la calle no me parece una postura ni humana ni mucho menos cristiana.
Para mí es un nuevo escándalo para muchísima gente que no entiende ni puede entender esta postura del obispado. De tener que abandonar esa vivienda, al menos se le debería haber ofrecido una alternativa. Nunca, nunca, dejarlos en la calle sin nada. Cierto que les ofrecieron 12.000 euros como compensación, pero evidentemente, con eso nada solucionan para poder encontrar una vivienda. Más lógico, o bien ofrecerle alguna vivienda o bien un alquiler.
Los perjudicados presentaron demanda por lo civil contra este desahucio, pero aún no hay sentencia.
Y además han puesto demanda también por lo laboral, cuyo juicio se verá el próximo día 19 en los juzgados de lo social. Porque, aunque en el documento la abadesa reconoce la relación laboral de ambos, Carmen no fue dada de alta en ningún momento ni nadie le ha comunicado que ya no se necesitan sus servicios. Ha estado trabajando más de 43 años sin estar dada de alta....Otro nuevo escándalo, cuando la misma Iglesia está promoviendo campañas "por un trabajo decente". El juez determinará las responsabilidades y las consecuencias que procedan por ellas.
Iniciativa Galilea ha convocado una concentración a las puertas de los juzgados y el Grupo Cristiano de Reflexión-Acción la apoya. Estaremos allí de 9,45 a 10,40 solidarizándonos con ellos y apoyándolos.
Mientras, una reflexión. ¿Nadie en la Iglesia puede poner fin a estas violaciones de los derechos humanos que tanto hacen sufrir a tanta gente? ¿Los responsables de estos desmanes van seguir en sus puestos?
Y la imagen de la Iglesia, por los suelos. Creo que va siendo hora de que alguien tome medidas y que sean de inmediato. Deben ser cesados el ecónomo y la letrada que le asesora. Y quien debe hacerlo es el obispo.
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