Es una de las medidas más crueles que ha adoptado este gobierno porque esta medida se ceba en los más débiles y desprotegidos. Ahora se les exige, no sólo el empadronamiento, como hasta ahora, sino el estar dados de alta en la Seguridad Social.
Según El País, la medida afectaría a más de 153000 personas y con ello se ahorrarían 240 millones. Seguramente esos datos se queden cortos y el número de afectados será mucho mayor. Ya no los confirmarán las ONGS que trabajan con los inmigrantes. De todos modos, es triste dejar en la calle, sin atención sanitaria (excepto para menores, madres y servicios de urgencias) a los que están malviviendo en la calle, sin medios ningunos, sin trabajo y sin vivienda en muchos casos.
Además de lo inhumana, cruel y xenófoba de la medida, es también ineficaz porque esas personas cuando necesiten cualquier atención, tendrán que acudir a urgencias a que los atiendan, con lo que se colapsarán las urgencias mucho más de lo que ya están.
Todo, por el empeño del gobierno en atacar a los de abajo, en vez de promover la lucha contra el fraude fiscal, la tasa financiera a las entidades bancarias, exigir a la iglesia su autofinanciación, como está recogido en los actuales Acuerdos Iglesia-Estado, reducción de gastos militares etc...
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