Las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía han
difundido un Comunicado que merece la pena conocer y
pasar a nuestros contactos. Aquí os lo dejo.
Un cordial saludo: Juan
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Las
inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica a lo largo
de decenas de años tienen como denominador común un Estado que no
termina de ser aconfesional, haciendo posible su resultado, y una
jerarquía católica anclada en el dogma, el poder, el dinero y el
prestigio, todo lo contrario a los valores de Jesús de Nazaret:
amor, justicia y paz. Como afirma el teólogo José M. Castillo: “los
obispos creen más en la riqueza que en el Evangelio de Jesucristo”.
Las
diferentes plataformas ciudadanas patrimonialistas, defensoras de
nuestro patrimonio, unidas a colectivos como Europa Laica, Redes
Cristianas o Comunidades Cristinas Populares vienen luchando desde
hace años por conseguir que se hiciera público el listado de
inmatriculaciones, uno de los males endémicos del Estado español, y
porque el Gobierno invalidase las inmatriculaciones de aquellos
monumentos que no tuviesen título de propiedad. Ahora se desdicen de
lo que prometieron en el discurso de investidura de Pedro Sánchez y
en sus programas electorales (PSOE y Unidas Podemos). Casi tres años
después de haberlo asegurado, el gobierno de coalición hace público
el listado de 35.000 bienes,
acompañado de un informe en el que cuestiona la constitucionalidad
de las inmatriculaciones, pero prefiere lavarse las manos delegando
en los ayuntamientos y particulares la reclamación indebida de los
bienes. El Estado español es el que tendría que proteger
nuestro legado patrimonial como así hizo Francia, desde 1905 (el
patrimonio pertenece al Estado y el usufructo a la Iglesia), o en
Portugal con el concordato de 1940, en plena dictadura de Salazar.
Con
el consentimiento de los Gobiernos del PP y PSOE la jerarquía
católica ha ido enriqueciendo su legado con su particular modus
operandi: el
Estado realiza la inversión pública, acorde con la Ley de
patrimonio de 1985, mientras ellos cobraban las entradas a modo de
donativos, es decir, exentos de impuestos. Millones y millones de
euros se embolsa la jerarquía católica, obispados y cabildos, cada
año por visitar los monumentos (catedrales, Mezquita de Córdoba,
Giralda de Sevilla). ¿Dónde va destinado ese dinero? Una parte
considerable a su propia estructura, en construir colegios privados,
en fondos de inversión, en mantener a sus medios de comunicación
como la COPE o 13TV… Cáritas u otras obras sociales apenas se ven
favorecidas por estas recaudaciones.
Las
Comunidades
Cristianas
Populares
se preguntan ¿qué tiene que ver todo ese negocio con el Evangelio?,
¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret con esta lujuria de poseer y
acumular bienes? El evangelio nos recuerda que “es
más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico
entre en el reino de los cielos.” ((Mt
19, 24 par). Se
siguen preguntando ¿qué tiene de parecido un seguidor de la
comunidad del Nazareno con un cardenal o un obispo? Los primeros, a
petición de su maestro, “tenían que dejarlo todo” (Mc
10, 28; Mt 19, 27; Lc 18, 28), los segundos viven en sus monumentales
palacios episcopales. Y siguen cuestionando ¿qué llevaban los
primeros seguidores de Jesús de Nazaret y cómo van los obispos y
cardenales? Los llamados discípulos no llevaban nada para cumplir su
misión ((Mt 10, 9-10; Mc 6, 8), los jerarcas visten con ricas mitras
y báculos, con vistosos anillos de oro y perlas preciosas, con capas
pluviales bordadas con hilos de oro.
Bajando
al terreno de la
legalidad nada se le está quitando a la Iglesia católica que
mantiene intacto su derecho a registrar lo que crea que le
pertenezca,
pero acreditándolo sin privilegio alguno. Estos privilegios
(inconstitucionales) permitieron que los obispos pusieran a su nombre
la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de
Burgos, mientras en otros países de Europa la Catedral de Lisboa o
la Catedral de Nôtre Dame pertenecen al pueblo.
Por
todo ello las Comunidades
Cristianas
Populares
de Andalucía y del Estado español, junto a otros colectivos, exigen
al Gobierno que el domino público sea intransferible. Perteneció a
nuestras generaciones pasadas, pertenece a nuestras generaciones
presentes y pertenecerá a nuestras generaciones futuras. El
patrimonio religioso debe estar inscrito en el patrimonio nacional.
Ha sido el fruto del trabajo y las aportaciones del pueblo a lo largo
de la historia.
Al mismo tiempo, también demandan que la nulidad de
las inmatriculaciones efectuadas sin un título de propiedad sean
innegociables. No es de recibo que al inscribir un monumento por 30
euros lo administren y se lucren de sus ingresos por la venta de
entradas, pudiendo llegar a alcanzar los 20 millones de euros, como
es el caso de la Mezquita de Córdoba.
Nuestra
fuerza es la tenacidad, la unidad y el convencimiento para conseguir
los objetivos justos que estamos reivindicando. Todo sea por un
verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, moderno y laico.
23 de febrero
de 2021
Miguel
Santiago Losada, en nombre de las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía
